El documental es dirigido por Amaranto Daniels Puello y producido por Cecilia Caballero Villa y Emiro Méndez. Cuenta con fuentes de diarios como 'El Universal', 'La Patria', 'El Tiempo', 'El Espectador', 'El Meridiano de Sucre' y 'El Colombiano'. Además de archivos de 'Revista Semana'. También tiene entre sus referencias al Centro Nacional de Memoria Histórica. Se sirve también de entrevistas directas a víctimas y personas relacionadas con los hechos de investigación. Se estrenó el 25 de marzo del 2017 en el paraninfo de la Universidad de Cartagena, sede claustro San Agustín.
La sinopsis del documental reza que "es un relato sobre cómo la riqueza, diversidad ecosistémica y cultural de los Montes de María persiste pese a los conflictos sociales, políticos y económicos que ha vivido esta subregión al norte de Colombia. Los sueños y esperanzas de hoy chocan con la aparición de nuevas dinámicas en el territorio, y representan un reto para la dignidad de los montemarianos".
Los factores del conflicto armado en esta zona responden a cinco puntos clave: el primero es la ubicación geográfica estratégica, el segundo es la alta productividad de la zona, ya que esta tierra es productiva tanto en agricultura, ganadería y pesca. El tercer factor está directamente relacionado con el anterior, pero enfocado en el potencial de esta zona en el área minera y de hidrocarburos en general. Por supuesto que este punto plantea un problema ambiental que a su vez nos da una perspectiva de lo que puede sobrevenir en los venideros años. El cuarto factor desencadenante del conflicto está ligado con el deseo de apoderamiento de esta tierra por parte de clanes y poderosos que ven en esta zona un pilar sustancial generador de riqueza y provecho para sus intereses económicos, políticos y sociales. El quinto factor es sumamente preocupante y está mancomunado con los cuatro anteriores, es el olvido del estado colombiano tanto a las realidades de los pobladores de esta subregión como de proyectos productivos que fomenten su inclusión en una tierra que, como bien plantea el título del documental, pareciese no ser de ellos, de los residentes de los montes de maría que tanto han sufrido en un país conflictivo como Colombia y con una realidad lamentable.
De manera que el conflicto armado en esta zona responde tanto a factores geográficos como de intereses económicos y olvido gubernamental, pero todos giran en torno a la producción y a la pertenencia de la tierra. Esta zona ha visto como el campesinado local ha debido vender a precios irrisorios sus hectáreas por ser la opción más viable si no desean terminar asesinados o en condiciones deplorables. Han pasado de ser dueños de la tierra a empleados de un señor que ahora toma posesión de sus parcelas y los contrata como mano de obra.
Las relaciones sociales de producción han virado, de un campesinado dueño de su territorio a pobladores de un entorno rural en el que deben trabajar a jornal poco remunerado, o huir para labrarse un mejor futuro lejos de amenazas de muerte y del entorno que han conocido siempre. Hoy deben ser desterrados de su territorio porque no tiene garantías de vida, de estabilidad económica y menos de superación. Los intereses de los ricos y poderosos, que se esconden bajo grupos al margen de la ley, parecen ser el pan de cada día en la región. Un territorio compartido entre los departamentos de Bolívar y Sucre, pero más que aparentar estar legitimados por el estado colombiano, parecieran estarlo por la violencia, la guerra y el oprobio. Los medios de producción hoy están en manos de unos pocos que tienen al campesinado de la región en un sinsabor, en una deriva constante. Esperemos que con el acuerdo de paz y venideros procesos de resarcimiento de derechos y no repetición se logre, por lo menos, mejorar la calidad de vida de los pobladores de una rica tierra de la que jamás debieron haber sido desterrados.
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Desde el trabajo social puede gestarse una intervención encaminada en lo argumentado en los puntos del proceso de paz. Sabemos que como puntos centrales se erige una política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, reparación de víctimas (sistema integral de verdad, justicia reparación y no repetición) e implementación, verificación y refrendación.
Podrían establecerse 5 acciones de política para intervención en el proceso de paz, las cuales serían:
• Mayor mediación y vinculación entre la población afectada por el conflicto armado en Colombia con sus victimarios y el gobierno nacional en pro de establecer de la forma más clara y palpable mecanismos de restablecimiento de derechos y resarcimiento para esta población.
• Mayores garantías a la población de las zonas afectadas de que su territorio pueda ser recuperado y aprovechado para producción y vivienda. Es decir que el campesinado pueda vivir en su territorio y producir sin amenazas a sus vidas y con cuidado especial del estado.
• Intervención de profesionales del trabajo social en las áreas afectadas de forma constante, aunado a psicólogos y personal médico que permita a los locales tener asistencia, ayuda, protección social y atención especializada.
• Formación académica escolar, bachiller y universitaria en zonas de conflicto armado, que les permita a los locales no tener que marcharse a las ciudades para educarse y así profesionalizarse en su región y aportar al crecimiento socioeconómico de sus poblaciones.
• Memoria histórica siempre presente en estas zonas para que las nuevas generaciones aprendan del conflicto y la violencia en sus territorios con la finalidad de no repetirlo.
Ahondaría en la intervención de profesionales del trabajo social y todas las áreas en estas regiones. Considero que los educados en la materia están en la capacidad de ayudar, desde el ejercicio laboral y humano, a estas comunidades ya que necesitan apoyo en todos los rubros y es el trabajo social una de las herramientas más preciosas para gestar ese cambio. Debe trabajarse con la niñez, adolescencia, juventud, adultos y ancianos ya que sin importar la edad todos merecen atención especial, que puede dárseles reconociendo que es necesario todo un entramado integral de intervención en estas zonas. Debemos tener un compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos de todos y todas.
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