El enfoque asistencialista y social del riesgo en la política social tiene en cuenta todos los factores que afectan a las comunidades vulnerables para proveer de acciones eficaces que generen un cambio evidente en pro del beneficio de todos. Para llevar a cabo su cometido, este enfoque analiza el contexto político, la realidad actual, estudia las necesidades de las personas y busca estrategias eficientes para aminorar los problemas sociales de forma veraz y efectiva, de manera que no se vale de mecanismos leves y poco convincentes, sino de dinámicas provechosas que se mantengan en el tiempo.
La protección social es un fundamento del enfoque social del riesgo, puesto que se instaura la comprensión de la realidad para promulgar nuevos escenarios que transformen dicho contexto a un entorno provechoso para las personas. En el caso colombiano, por ejemplo, se plantea como el objetivo central de la política social, el acceso a educación de calidad, seguridad social equitativa y solidaria, ingreso al mercado laboral con formalización del mismo, apoyo a emprendimientos y mecanismos de promoción social efectivos. Dicha aspiración aún no ha sido conseguida y el país continúa en un proceso lento que afecta sobre todo a regiones apartadas que no pueden acceder a necesidades básicas como agua potable, electricidad o alcantarillado. Esto demuestra que siguen existiendo retos y desafíos en torno a dicho objetivo y además evidencian que es necesario que el gobierno nacional y los departamentales aúnen esfuerzos para propiciar ese cambio. Además se comprueba la importancia del ejercicio profesional de los trabajadores sociales para el beneficio de las comunidades.
Los principales desencadenantes de factores de riesgo están ligados con un ambiente familiar inadecuado, abandono escolar y laboral, bajo nivel cultural y económico, propensión a ser parte de pandillas o grupos antisociales al margen de la ley, insatisfacción de necesidades psicológicas primarias, patrones de crianza incorrectos, violencia intrafamiliar, olvido estatal y corrupción. A lo anterior se suma el parcial o nulo conocimiento de los propios derechos, la poca presencia de mecanismos de ascenso social y la integración social.
Implementar este factor a los modelos de desarrollo es fundamental para ampliar, diversificar e institucionalizar una política social incluyente que tenga en cuenta la atención a sectores sociales abandonados y descentralice el poder para cambiar las condiciones de vida de esos individuos interviniendo eficazmente. Supliendo las necesidades de todos, creando oportunidades socioeconómicas y reduciendo los peligros se propicia la anhelada integración social. Los expertos reconocen que llevar a cabo dicho proceso no es sencillo y se requiere determinación, audacia y compromiso de todas las partes.
El riesgo plantea la posibilidad de que una situación adversa ocurra, por ello es esencial realizar acciones encaminadas a acrecentar la prevención y protección frente a dichos acontecimientos. Esa es precisamente uno de los fundamentos cruciales del enfoque asistencialista y social del riesgo en la política social, ya que este implementa una visión integral que observa, detalla y profundiza en ofrecer respuestas óptimas y acertadas para el bienestar común. Para garantizar una mejoría en la calidad de vida de las comunidades, el enfoque asistencialista busca minimizar los riesgos concernientes a las alteraciones conductuales e incrementa su autonomía para brindar un resarcimiento que conlleve a interacciones sociales propicias y convenientes.
En definitiva, la política social impulsa procesos ligados a la educación, sanidad, vivienda, lucha contra la discriminación, pobreza, falta de oportunidades, personas en condición de discapacidad y campañas contra las drogas, entre otras. Su finalidad es entonces, proveer a las comunidades de herramientas poderosas y acertadas para su desarrollo.
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