LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS ILÍCITAS EN COLOMBIA: ¿NECESIDAD U OSADÍA?

La problemática de la droga es un asunto global. Existen países en los que su porte puede llevar incluso a la pena de muerte, en otros un considerable tiempo en la cárcel y en otros algún tipo de restricción de las libertades. Su legalización plantea un reto que, asumido, nos sumerge en distintos puntos discordantes que pueden conllevar tanto a posibilidades de solución como a un acrecentamiento de su uso y por ende, una afectación social de dimensiones colosales. Estamos ante un tema que necesita que se prioricen espacios de reflexión y experticia en torno a la viabilidad o no de su implementación. Indudablemente no se puede tomar a la ligera y hay que analizar previamente todas las perspectivas posibles.

El informe mundial sobre las drogas 2021 de UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) deja ver cómo los efectos de la pandemia han aumentado los riesgos del uso de drogas, al tiempo que, según su estudio “la juventud subestima los peligros del cannabis”. Este contundente mensaje llega en un contexto global en el que se han aminorado diversos temas sociales y de salud a raíz de la situación concerniente a la proliferación del COVID-19 que ha tomado toda la atención mediática. El mismo comunicado afirma que: “alrededor de 275 millones de personas en todo el mundo utilizaron drogas durante el último año, mientras que más de 36 millones sufrieron trastornos por consumo de drogas. El Informe también señala que en algunas partes del mundo la potencia del cannabis se ha incrementado hasta cuatro veces en los últimos 24 años, aunque el porcentaje de adolescentes que perciben esta droga como nociva se redujo hasta en un 40% a pesar de las pruebas de que su consumo se asocia a una serie de daños para la salud y otros efectos, especialmente entre consumidores habituales.”¹ La Directora Ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly, mencionó además que: “una menor percepción de los riesgos del uso de drogas se ha relacionado con mayores tasas de consumo, y las conclusiones del Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de UNODC destacan la necesidad de cerrar la brecha entre la percepción y la realidad para educar a la juventud y salvaguardar la salud pública”.² El documento también destaca que, pese al incremento en el uso de las drogas, los tratamientos basados en la ciencia para ayudar a los afectados se encuentran más disponibles que antes.

Sobre el impacto de las drogas en los tiempos actuales, el informe señalado anuncia que: “el COVID-19 ha desencadenado la innovación y la adaptación de los servicios de prevención y tratamiento de las drogas por medio de modelos más flexibles. Muchos países han introducido o ampliado los servicios de medicina a distancia debido a la pandemia, lo que significa que el personal sanitario puede ahora ofrecer asesoramiento o evaluaciones iniciales por teléfono a las personas que consumen drogas y utilizar sistemas electrónicos para prescribir sustancias controladas. Aunque todavía no se conoce por completo el impacto de la COVID-19 en los desafíos relacionados con las drogas, los análisis sugieren que la pandemia ha provocado un aumento de las dificultades económicas, lo que probablemente haga que el cultivo de drogas ilícitas sea más atractivo para las frágiles comunidades rurales. El impacto social de la pandemia -que ha causado una mayor desigualdad, pobreza y afecciones en la salud mental, especialmente entre las poblaciones ya vulnerables- representa factores que podrían empujar a más personas al consumo de drogas”.³

Entre 2010 y 2019, el número de personas que consumen drogas aumentó en un 22% según las Naciones Unidas. Las proyecciones sugieren un alza del 11% en la cantidad de personas que usan drogas para el 2030 en el mundo. De la misma forma se afirma que cerca del 5,5% de la población global entre los 15 y 64 años ha consumido drogas al menos una vez durante el 2020. Al tiempo que, 36,3 millones de personas, lo que representa un 13% de la totalidad de los consumidores, sufre trastornos por dicho consumo. La cifra de los individuos que se inyectan drogas se estima en más de 11 millones. Los dos fármacos más usados para tratar los trastornos por consumo de opiáceos, metadona y buprenorfina, son cada vez más accesibles durante los últimos 20 años. Se ha pasado de 557 millones de dosis diarias en 2019 a 3,317 millones en 2019.⁴

Por otro lado, existen organizaciones que promueven el uso de drogas a modo terapéutico como la marihuana medicinal. Se habla de sus efectos positivos e incluso se insta al libre desarrollo de la personalidad como el detonante de la decisión de su uso o no. De hecho, en contrapeso a afirmaciones como las de la UNODC, existen opiniones contrastantes como las del intelectual y profesor de Harvard Jeffrey Miron, quien afirma que: “Los ‘lobbies’ prohibicionistas exageran los riesgos de las drogas. Prohibir la heroína o la marihuana es más peligroso que venderlas en supermercados. La prohibición de las drogas es la peor solución para prevenir su consumo. En primer lugar, trae consigo un mercado negro corrupto y que cuesta vidas humanas. En segundo lugar, impone limitaciones a personas que no consumirían drogas. En tercer lugar, prohibir las drogas es caro. Si legalizase las drogas, Estados Unidos podría ahorrar entre 85.000 ya 90.000 millones de dólares al año. En torno a la mitad de eso se gasta en las actuales políticas antidrogas y la mitad de eso se pierde en impuestos con los que el Estado podría gravar drogas legales”.⁵

El profesor va más allá y añade: “los efectos de la cocaína se describen de un modo tremendamente exagerado. Hay banqueros de Wall Street que esnifan cocaína; tienen ingresos altos, acceso a un buen sistema sanitario, están casados y tienen una situación vital estable. Muchos de ellos dejan de tomar cocaína posteriormente. Me da la impresión de que estas personas disfrutan consumiéndola. Luego están las personas que fuman crack y llevan vidas que son muy diferentes de las de los agentes de Bolsa; son personas con pocos ingresos, sin trabajo y con mala salud. Muchas de estas personas tienen un final lamentable. Pero la cocaína no es la culpable de eso. La culpa es de las pésimas vidas que llevan esas personas. La prohibición conduce a la violencia. Al hacer que el mercado negro sea inevitable, se genera violencia porque los conflictos entre las partes implicadas en el tráfico de drogas no pueden resolverse por medios legales dentro del sistema judicial. Se ven obligadas a vivir en un mundo de penumbra en el que tienen que matarse unas a otras en vez de contratar a abogados y llevar los problemas a los tribunales.”.⁶

En nuestro país el uso personal de drogas está despenalizado desde 1994, permitiéndose una dosis mínima personal. Mientras que el uso medicinal de la marihuana es legal desde 2016. Sin embargo la legalización en general de uso sigue cohibida y coartada por la legislación nacional vigente. El debate se ha abierto en multiplicidad de ocasiones e incluso se han posicionado ideales de lado y lado potenciando aún más la discusión en la esfera pública. El 19 de julio del 2018, el Consejo de Estado tumbó el alcance del decreto 1844 que permitía decomisar las drogas en las calles a los consumidores. Esta acción aplaudida por un sector y criticada por otro sirve para sentar una verdad sobre la mesa, y es la alta polarización que genera esta temática. Usualmente la gente se sitúa frente a un lado o el otro y pocas veces se generan diálogos integradores que tengan en cuenta el enfoque social y la practicidad al tiempo. El derecho al libre desarrollo de la personalidad e intimidad de cada persona debe ser respetado, pero también es necesario que continúe en la palestra pública el imperante deseo de protección de los menores de edad frente a los peligros inminentes que trae consigo la adicción de psicotrópicos. Es labor del estado encaminar políticas que propulsen el cuidado de la salud de la población, pero también la concienciación colectiva sobre los efectos de los narcóticos en una sociedad que debe aprender a vivir con ellos, ya que son una realidad latente y evidente.

Probablemente la legalización de las drogas ilícitas en Colombia (más allá de la dosis mínima que ya es legal) no sea la solución a todos los problemas de narcotráfico que vive el país, tampoco puede que sea la respuesta más efectiva frente a los casos de adictos que se dan cada día, pero sí nos situaría en un nuevo escenario. Uno en el que cada individuo deba ser más responsable de sí mismo y del impacto que producen sus acciones en distintos entornos. Un escenario en el que el uso no propicie una vulneración de los derechos de los demás y en el que el respeto impere como la herramienta más plausible para una mejoría absoluta del status quo. En Colombia vivimos sabiendo que existen incontables extensiones de tierra que producen cultivos ilícitos, pero que representan ingresos notables para grupos al margen de la ley que lo han tomado como su base para la adquisición de lucro en demasía. Existe campesinado que reconoce los mayores beneficios económicos que significa la producción de marihuana, por ejemplo. También sabemos que usadas en forma mesurada tienen cualidades positivas para dolencias y diversos malestares. Todo esto nos indica que bajo el amplio espectro de las drogas ilícitas se encuentra un gigantesco portento de elementos que deben ser tenidos en cuenta. Estamos ante un gran negocio, pero también ante un gran reto. Para algunos, la legalización es una necesidad, para otros una osadía.

El énfasis sobre la legalización de las drogas debe estar en la búsqueda de mejoría de calidad de vida para los cultivadores y sus comunidades, además del establecimiento de soluciones sostenibles y duraderas para todos. Debe haber un reemplazo del cultivo ilícito y manejado por organizaciones criminales a una producción legal que genere empleos y en verdad signifique un avance económico para el país. Por otro lado, debe haber un cambio en la mentalidad, en el que entendamos al cultivo no como un problema sino como una estrategia sociopolítica de cambio. No se trata de facilitar el acceso de las drogas a todos, se trata de ejecutar medidas más responsables desde lo legal que permiten una distribución vigilada y amparada bajo parámetros más abiertos y contextualizados ante las realidades.

Se suele decir que no estamos preparados para la legalización de las drogas, pero lo que sí es cierto es que tarde o temprano deberemos enfrentarnos a dicha coyuntura. Quizá no sea hoy ni mañana, pero más pronto que tarde el gobierno y la población colombiana en general deberá pensar a mayor profundidad en mecanismos visibles y dinámicos que nos lleven a una conciliación o, por lo menos, a la puesta en práctica de metodologías más determinadas y contundentes frente a esta situación que ya está aquí, no se ha ido y seguirá estando frente a nosotros esperando que forjemos un accionar sagaz, ideal y sobre todo eficiente.

1Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de UNODC: los efectos de la pandemia aumentan los riesgos de las drogas, mientras la juventud subestima los peligros del cannabis. UNODC. Recuperado de: https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2020/2021_06_24_informe-mundial-sobre-las-drogas-2021-de-unodc_-los-efectos-de-la-pandemia-aumentan-los-riesgos-de-las-drogas--mientras-la-juventud-subestima-los-peligros-del-cannabis.html

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5“Los ‘lobbies’ prohibicionistas exageran los riesgos de las drogas”. El País. Recuperado de: https://elpais.com/sociedad/2013/03/04/actualidad/1362414007_861664.html

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